PODEMOS CONTROLAR EL ROBO Y HURTO DE VEHICULOS EN VENEZUELA?

 

 
La respuesta es SI!. Hay varias medidas para alcanzar ese fin y reducir enormemente la incidencia de este delito que azota a la ciudadanía. Entre esas medidas, las siguientes tienen carácter urgente:
 
* El Congreso debe sancionar cuanto antes la LEY CONTRA EL ROBO DE VEHICULOS.
 
* Es necesario establecer una coordinación efectiva entre todos los organismos de seguridad del estado competentes en materia de robo y hurto de vehículos.
 
* Se deben asignar los recursos necesarios para completar la puesta en funcionamiento de la red nacional de comunicaciones que adelantan la PTJ y la Guardia Nacional.
* Se debe establecer, a nivel nacional un sistema confiable de identificación de los vehículos.
 
* Se deben establecer procedimientos ágiles para que las víctimas puedan denunciar el robo de sus vehículos.
 
* Se deben establecer sistemas confiables para que la ciudadanía pueda informarse acerca de los vehículos recuperados y para que la devolución se haga en forma expedita.
 
Hay que establecer mecanismos para que el comprador de un vehículo usado pueda conocer si éste ha sido robado.
 
De hecho, como puede apreciarse a continuación, ya se han hecho esfuerzos y se han dado pasos concretos importantes en las direcciones antes señaladas. Lo que hace falta es apoyar esos esfuerzos para que las medidas en ejecución logren aplicación plena y alcancen sus objetivos. A través de Alarma la sociedad civil se puede movilizar para motorizar el apoyo que requieren las instituciones responsables de completar esos esfuerzos.
 
El Proyecto de Ley contra el Robo de Vehículos
 
Hay que tener en cuenta que por lo general no se trata de delincuentes individuales o de simples pandillas, sino que se trata de un negocio estructurado en numerosos niveles. El ladrón, o mula, recibe una suma cuyo monto que puede rondar en los Bs. 500.000 o más por el simple apoderamiento del vehículo robado y su correspondiente entrega al comisionante. Estos individuos por lo general no tienen la menor noción del valor de la vida humana. Si consideramos que en Venezuela se mata para robar un simple par de zapatos, tomaremos conciencia de que mucho maleantes son capaces de asesinar por el dinero que se obtiene del robo de carros. Éstos, a su vez, son simples intermediarios de quienes intervienen en los otros elabones de la cadena: hay quienes adquieren el vehículo robado para revenderlo, o para desarmarlo y venderlo como repuestos, quienes lo utilizan para realizar asaltos o para transportar drogas. En estos elabones pueden intervenir los propietarios de "chiveras", los propietarios de estacionamientos que sirven como depositarios de vehículos recuperados, agencias de ventas de vehículos usados, etc. Además, no puede descartarse la participación, connivencia o complicidad de funcionarios de los cuerpos de seguridad.
En la Comisión Permanente de Política Interior de la Cámara de Diputados, se está considerando un Proyecto de Ley Contra Robo de Vehículos, el cual contempla un incremento en las sanciones penales importante, así como la eliminación de los beneficios de la LEY DE SOMETIMIENTO A JUICIO.
En nuestra opinión es importante penalizar severamente el delito de robo de vehículos porque se trata de un crimen múltiple donde interviene la apropiación indebida, el atentado contra la integridad de la persona, el secuestro y en muchos casos el homicidio. Pero es preciso tener en cuenta que en la medida en que la pena por apropiación indebida, mediante el empleo de la amenaza o el uso de la fuerza se aproxime a la pena que se contempla para el homicidio en primer grado, que es de 25 a 30 años, en esa misma medida se podría condenar a muerte a los conductores. Si al ladrón le van a dar el mismo castigo si perdona la vida que si la quita, evidentemente le preferirá eliminar el testigo.
 
Es preferible penalizar severamente es a las personas que compran vehículos robados o encargan el robo de éstos y a los funcionarios públicos que participan en estas actividades. Al igual que en el caso del narcotráfico, es necesario castigar severamente a quienes intervienen en el extremo final de la cadena de comercialización, especialmente si son funcionarios de algún organismo de seguridad.
 
Una ley que pretenda combatir el robo y hurto de vehículos debe aplicar sanciones penales cuidadosamente estudiadas, caracterizando los delitos que no están bien tipificados en el Código Penal, pero sobre todo debe contemplar controles eficientes para evitar la comercialización de los bienes robados.
 
La identificación de los vehículos
 
La identificación de los vehículos es básica para emprender cualquier proyecto serio para combatir su robo. Constatar la legitimidad de un serial de carrocería o de un VIN es difícil y requiere la presencia de un especialista y de equipos. La experiencia ha demostrado que los seriales de carrocería y el VIN sirven de poco. A diario son adulterados, duplicados o devastados a placer por los antisociales. Estos seriales se componen de 17 signos inmemorizables, por lo tanto, siempre habrá que detener a los vehículos para leerlos. Ninguno de estos seriales identifica a los vehículos de forma visible, práctica y segura. Por otra parte, las placas identificadoras son removibles y falsificables.
 
Lo extremadamente largo de los seriales los hace inservibles para ser utilizados en grabaciones visibles en los vidrios y grabar sus últimos 6 signos no sirve para certificar la identificación del vehículo en caso de que sus seriales fueran devastados.
 
Tampoco se puede grabar el número de registro de las placas, pues éste cambia cuando se asignan placas nuevas por causa de deterioro, robo, pérdida o nueva matriculación. En conclusión, los vehículos no poseen una identificación propia visible y segura.
 
Para evitar estos problemas se creó el Código de seguridad, con él las cosas son distintas. El cambio de placas no convierte a un vehículo solicitado en un vehículo no solicitado, el CS se lee a 15 m, posee una fácil memorización (mas fácil que las placas), es un serial de por vida, imborrable e inalterable (utiliza un alfabeto alfanumérico con signos especiales) y su asignación a cargo del Estado y no de las ensambladoras garantiza de una manera realmente segura la identificación de los vehículos y el control central. Una serie de ventajas lo acompañan.
 
1. Además de ir grabado en los vidrios, va grabado en 16 lugares de la carrocería e incluso de piezas mecánicas importantes, de bajo recambio.
2. Con él, cualquier persona sin equipos especiales, puede conocer la legítima identificación de un vehículo.
3. Solamente el propietario conoce los sitios de las grabaciones internas.
4. Una Notaría certificará su adjudicación, constituyéndose en un serial que posee validez ante cualquier tribunal.
Lo ideal sería que el MTC adjudicara y llevara el control de todos los códigos de seguridad, pero también se podría llevar este control privadamente, a través de una empresa creada para tal fin. En cualquiera de estas dos posibilidades, se podrá verificar la relación entre el Código de Seguridad y todos los datos restantes del vehículo, sus seriales y el propietario para la fecha.
 
Los delincuentes saben donde se colocan los seriales ocultos. En el CS solamente el propietario los conocerá, pues será él mismo quien los seleccione, por lo tanto entraba y dificulta severamente cualquier intento de adulteración.
 
Circular con un vehículo solicitado o robado que porte el Código de Seguridad resultará muy costoso, pues habría que cambiarle todos los vidrios, las dos placas y grabar nuevamente el vehículo con algún código.
 
El CS es el primer paso para solucionar este delito, pues es requisito indispensable para controlar el registro nacional de vehículos, para evitar la circulación de vehículos robados, la legalización de éstos, su venta con papeles falsos, su desensamblaje y su salida del país. Solamente falta que el Estado le de el apoyo requerido; por cierto, su implementación no le costaría dinero.
 
La coordinación de los cuerpos de seguridad
 
El robo de vehículos es un fenómeno complejo que requiere una acción integral y coordinada de las autoridades. Es un delito múltiple en el cual, además de la apropiación de un bien ajeno, combina varios delitos: daño a la propiedad privada, amenaza y/o atentado contra la vida y la integridad de la persona, secuestro, lesiones, agresión, y en muchos casos violación y/u homicidio. Es un negocio donde intervienen numerosas personas en diversos niveles, movilizando diariamente mas de mil millones de bolívares.
 
El Estado está obligado a perseguir, aprehender y castigar a los delincuentes que se dedican al robo de vehículos, pero el esfuerzo para atacar ese problema debe concentrarse sobre su vertiente económica o comercial. Mientras el robo de vehículos represente una actividad que produce jugosos beneficios económicos, seguirá habiendo ladrones de vehículos. Eliminando el lado lucrativo del "negocio" del robo de vehículos, la actividad perderá su rentabilidad y dejará de tener interés para quienes se dedican a ella.
 
ALARMA! considera que para lograr ese objetivo es indispensable el asegurar una coordinación estrecha y efectiva entre todas las autoridades competentes en el ámbito del robo de vehículos: PTJ, Guardia Nacional, Vigilancia de Tránsito, Policías Municipales.
 
Desde 1992 existe la COMISION NACIONAL COORDINADORA DEL PLAN PARA LA RECUPERACION Y DEVOLUCION DE VEHÍCULOS, creada por Resolución de los Ministerios de Relaciones Interiores, Defensa, Justicia y Transporte y Comunicaciones (G.O. 34.949 de 23-04-92). La integran los Directores Generales Sectoriales de Política Interior (quien la preside) y de los Servicios de Inteligencia y Prevención (MRI) los Directores Nacionales de Vigilancia y Tránsito Terrestre (MTC) y de Coordinación Policial (MRI) el Director del Cuerpo Técnico de Política Judicial (MJ), y un Oficial Superior de la Guardia Nacional designado por el Ministro de la Defensa quien funge de Secretario Ejecutivo. Sus función es coordinar "todo lo relativo a la detección, búsqueda y recuperación de vehículos hurtados, robados o extraviados" y cooperar "en el establecimiento de los mecanismos adecuados para una eficaz y rápida devolución de los mismos a sus legítimos propietarios".
 
La creación de esa Comisión fue un paso acertado en la dirección correcta. Pero como siempre ocurre con esas Comisiones, ésta no ha cumplido el objetivo para el cual fue creada. Los miembros de la Directiva de Alarma! nos entrevistamos con el actual Secretario Ejecutivo, Coronel (GN) Chuki Rivas. Es un oficial valioso, bien intencionado, con ideas e iniciativas interesantes. Pero sus esfuerzos por hacer funcionar la Comisión han sido frustrados por falta de recursos de todo tipo (financieros, humanos y de infraestructura) y por la indiferencia de los niveles superiores de la Administración Pública.
 
Para que esa Comisión pueda asegurar la efectiva coordinación entre las diferentes instituciones que la integran, debería tener un status como el de la CONACUID, con poderes y respaldo suficiente para actuar con autoridad. El robo de vehículos es un delito que moviliza recursos mucho más cuantiosos que el narcotráfico, que tiene ramificaciones internacionales, que, a diferencia del narcotráfico, diariamente cobra vidas de ciudadanos inocentes, y que además afecta a casi toda la población del país. Su transformación en un órgano similar a la CONACUID está mas que justificada.
 
La interconexión computarizada
 
Para que esa coordinación sea efectiva debe estar respaldada con un sistema computarizado interconectado para que los cuerpos de seguridad reciban inmediata y simultáneamente las denuncias de las víctimas y puedan iniciar, también inmediata y simultáneamente, la búsqueda del vehículo robado.
 
La Guardia Nacional ha dado un primer paso fundamental en esa dirección con la creación de la Sala de Comando, Control, Comunicaciones e Inteligencia (C3I). También la PTJ realiza un esfuerzo similar.
 
Los miembros de la Directiva de Alarma! efectuamos una visita al C3I y nos entrevistamos con el General de Brigada Frank Briceño Gil, Jefe del Comando de Operaciones de la Guardia Nacional, del cual depende el C3I. El General Briceño nos explicó que la Guardia Nacional, consciente del alarmante incremento de los índices delictivos en el país, y particularmente del robo de vehículos se propone emplear los métodos de la tecnología moderna para combatir ese flagelo.
 
El C3I cuenta ya con una Sala Operacional la cual, cuando se encuentre en plena operatividad, permitirá intercambiar información sobre las denuncias relacionadas con el robo de vehículos entre las diversas unidades de la Guardia Nacional en todo el territorio nacional. Ya se encuentra en funcionamiento el sistema automatizado que esta creando la base de datos con la información sobre los vehículos robados obtenida de las denuncias de los interesados y de los expedientes judiciales instruidos por las unidades operativas de la Guardia Nacional. El acceso para la actualización de la base de datos lo realizan las unidades mediante microcomputadoras conectadas con la Sala de Control a través de 14 líneas telefónicas dedicadas de las cuales 10 CANTV tipo 800 y cuatro SICODENA. La Sala C3I cuenta con un servidor para el almacenaje de la información en la base de datos, y dispone de cinco estaciones de trabajo en red local, así como de las aplicaciones del sistema de operaciones de la Guardia Nacional. La Sala administra los recursos de la red y cuenta con terminales para la consulta de datos de la PTJ, MTC, CANTV y ONID-DEX.
 
Las unidades operativas pueden obtener información acerca de los vehículos robados comunicándose con la Sala C3I por medio de microcomputadoras. De las 85 unidades operativas existentes sólo cinco disponen actualmente de los equipos necesarios, pero las demás pueden acceder al C3I mediante una llamada telefónica.
 
Lamentablemente, como ocurre siempre en nuestro país, este esfuerzo que viene realizando el General Frank Briceño tropieza con innumerables dificultades, de las cuales la mas grave es la falta de recursos para la adquisición de los equipos que se requieren para llevarlo a su plena capacidad operativa. Las autoridades competentes del Estado deben brindar a este proyecto todo el apoyo que requiere para completar el equipamiento del C3I. También las instituciones y/o empresas privadas deben contribuir con este meritorio esfuerzo que persigue atender una exigencia urgente de la sociedad civil.
 

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